La utilización del lenguaje incluyente en el marco institucional

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De acuerdo al más reciente reporte sobre la discriminación en México elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la discriminación puede entenderse como la “antítesis de la democracia”, en función de que es el resultado directo de la incapacidad de los Estados y las sociedades de construir espacios en que la coexistencia social sea posible.

En este sentido, el lenguaje es una de las formas en las que la discriminación se hace más visible, pues el mismo evidencia la existencia de estereotipos arraigados históricamente en el colectivo social y consecuentemente, contribuye a la perpetuación de las condiciones de desigualdad e injusticia en que viven los grupos más desaventajados.

Por tal motivo, prestar atención a la forma en que las instituciones púbicas comunican, es prioritario en la tarea de favorecer de manera determinante la generación de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas sean reconocidas e integradas por igual. Ante este escenario, la utilización del lenguaje incluyente aparece como una herramienta de promoción cultural basada en el respeto a la diversidad y el derecho a la igualdad y no discriminación, contenido en el artículo primero de nuestra Carta Magna.

En cumplimiento con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, en la Ciudad de México se ha desarrollado un manual que establece las acciones para incorporar los enfoques de igualdad y no discriminación en el lenguaje de todas las comunicaciones oficiales de los entes públicos. De conformidad con el mencionado documento, las instituciones púbicas deben procurar avanzar en la utilización de un leguaje incluyente para el diseño de acciones, programas y políticas públicas en las siguientes categorías:

• Nombrar de forma correcta a los grupos en situación de discriminación;
• Incorporar la perspectiva de género;
• Procurar el uso de estrategias inclusivas en el lenguaje, que tiendan a eliminar de exclusión de cualquier grupo poblacional.

Previo al análisis de cada una de las categorías mencionadas, conviene resaltar que la utilización de la palabra “persona” como anteposición a cualquier término que haga referencia a los grupos típicamente discriminados, es una forma comúnmente recurrida para visibilizar la dignidad de cada ser humano.

Ahora bien, en relación a la primer categoría, es importante reconocer que existen en el argot coloquial muchos términos que estigmatizan a los grupos vulnerados y en consecuencia, tienden a fortalecer la discriminación a la que se encuentran expuestos.

Así, verbigracia, la legislación capitalina considera que las mujeres, las niñas y niños, las y los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas indígenas, las personas LGBTTTI, las personas en situación de calle, las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, así como las personas en situación de pobreza, son aquellos a los que se debe prestar especial atención en la forma de nombrarlos por parte de las instituciones públicas.

A manera de ilustración, las personas con discapacidad son usualmente nombradas como discapacitados, deshabilitados, minusválidos, enfermos o con capacidades diferentes, expresiones que deben ser eliminadas de los cuerpos normativos y de las comunicaciones oficiales de las entidades gubernamentales.

Por su parte, la erradicación del lenguaje sexista a través de la incorporación de la perspectiva de género, representa la forma idónea de visibilizar a la población femenina, además de anular las cargas denigrantes que nuestras expresiones en ocasiones llevan implícitas.

Entre otras, las recomendaciones para promover el lenguaje no sexista incluyen: usar sustantivos no sexuados (p.ej. la ciudadanía); recurrir a la mención de los sustantivos alusivos a ambos sexos cuando se considere conveniente (p. ej. las niñas y los niños); utilizar abstracciones evitando imponer una carga masculina a través de los pronombres (p. ej. “las direcciones” en lugar de “los directivos”); limitar el uso de diagonales para formularios (p. ej. vacante para cocinera/o); evitar la utilización de la arroba por no ser un signo lingüístico (p. ej. alumn@s); eliminar el uso generalizado del género masculino para la mención de cargos o títulos académicos (p. ej. Presidente, Licenciado, Médico).

Finalmente, la recomendación de eliminar de exclusión de cualquier grupo poblacional a través del lenguaje, obedece a evitar incurrir en la invisibilización de determinados grupo poblacionales, así como, de nueva cuenta, emplear los términos adecuados para nombrarlos.

A manera de conclusión, el presente trabajo invita a quienes participan del servicio público de manera individual, así como a las instituciones públicas como entidades responsables de garantizar y respetar el derecho a la igualdad y no discriminación de toda persona, a emplear el lenguaje incluyente como un mecanismo que abone en la construcción de sociedades democráticas y respetuosas de la diversidad humana.

Fuentes consultadas

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Reporte sobre la Discriminación en México, México, D.F., 2012.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje, México, D.F., 2015.

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Lenguaje Incluyente y No Discriminatorio en el Diseño de Políticas Públicas, Ciudad de México, 2015.

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