Reflexiones sobre migración y exclusión social

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Debido al creciente desplazamiento migratorio de individuos procedentes de centro y Sudamérica; el gobierno mexicano se ha visto en la necesidad de modificar su marco normativo y su función operativa. Si bien se han efectuado reformas legislativas en materia de población tendientes a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos -ya sean civiles, políticos, sociales, culturales o de los pueblos-, no se ha logrado la consumación de este cometido por diversas razones, entre las que destacan las económicas, sociales y políticas.

La aplicación de la norma como instrumento que garantice la libertad y la igualdad entre los individuos, está generando efectos claramente opuestos, excluyendo a colectivos específicos a través de prohibiciones de acceso a la justicia, violaciones al debido proceso, transgresiones a la libertad de tránsito, entre otras. En ese sentido, resulta necesario identificar aquellas actuaciones que propician fenómenos de exclusión social con el objeto de plantear alternativas que, con base en enfoques multidimensionales, intervengan la realidad social de manera efectiva.

La atención al tema de la exclusión social pareciera haberse quedado estancada en el discurso político y científico. Haciendo uso de la retórica, distintos actores sociales hacen de este asunto su estandarte de batalla, avocándose únicamente a enunciar las causas aparentes del fenómeno, dejando a un lado la reflexión sistémica que pudiera, de cierto modo, ofrecer un panorama más cercano a la realidad y abonar al entendimiento de la exclusión social como un fenómeno constante en nuestras sociedades.

Lejos de lo que se pudiera pensar sobre la misión igualadora e incluyente del Estado a través de la aplicación de la norma y el ejercicio legítimo de la coerción, éste genera en su mismo actuar discriminaciones entre los individuos. Por lo tanto, es menester entender que a pesar de estar reconocidos una serie de derechos civiles, políticos, sociales y de los pueblos, el Estado encuentra su limitación en el cumplimiento de su función.

Esta situación se evidencia claramente en el fenómeno de la migración. Es ahí donde los derechos humanos son puestos a prueba. Pareciera que a pesar de estar reconocidas estas prerrogativas en el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía del Estado –llámese Constitución, Carta Magna, Ley Suprema- asi como en los tratados internacionales en la materia ratificados por México, no existe una aplicación de la norma que garantice el pleno respeto a los derechos humanos y logre asegurar la libertad y la protección de las leyes a todos los individuos ya sean nacionales o extranjeros. Además, se distingue una cierta tendencia hacia la persecución de individuos en situaciones de evidente desventaja, en este caso los migrantes.

Es en este escenario, donde el Estado encuentra una controvertida disyuntiva, la de salvaguardar su soberanía o atender por igual a todos los hombres y mujeres que se encuentren dentro de su demarcación territorial, privilegiando su condición humana sobre las acreditaciones administrativas. En este punto, la aplicación de la norma se desvía de sus principios rectores y transgrede flagrantemente los derechos de los individuos que, conforme lo dictan las leyes internas, no cumplen con las cualificaciones necesarias para ser considerados sujetos de derechos.

La presente reflexión plantea un escenario poco favorable para los migrantes irregulares que buscan llegar a Estados unidos, cruzando el territorio mexicano. En su larga travesía, los viajeros deben afrontar una serie de peligros asociados con su situación de exclusión, que ponen en riesgo su seguridad, su patrimonio y muchas veces hasta su vida. Son cada día más frecuentes los actos de corrupción, las persecuciones y los abusos de autoridad, sin olvidar las extorsiones de los grupos delictivos derivado de la estigmatización del colectivo.

Las instituciones públicas mexicanas se han visto rebasadas en sus pretensiones por regular los desplazamientos migratorios en las fronteras. Las autoridades actúan con un marco jurídico que permite la discrecionalidad en cuanto a la garantía de los derechos humanos de los migrantes.

Existen reformas pendientes en materia de población que deben incluirse en la agenda gubernamental. No obstante, el problema involucra otros factores como la inseguridad, la corrupción y la percepción ciudadana por lo que no podríamos atribuir la solución del problema a solo una modificación del marco normativo. Es necesario considerar los factores exclusógenos, para formular políticas públicas acordes con la dimensión del fenómeno. Entonces podríamos partir de condiciones semejantes en el acceso equitativo a la justicia y protección de las leyes.

La respuesta a esta problemática debe darse de manera integral. Las instituciones deben de garantizar un salvoconducto a los migrantes, respetando en todo momento su derecho de transito y de acceso a la justicia. Es un proyecto ambicioso que sin duda potenciara el desarrollo social y humano de México.

Fuentes consultadas

Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México, Amnistía Internacional, 2010.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, UNESCO, 2005.

La exclusión social, Francisco Gil Villa, Ariel, 2002.

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