La fracción XXII del artículo 70 no es aplicable al Partido Verde Ecologista de México en virtud de las siguientes consideraciones:

– La deuda pública tiene como fundamento la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la facultad del Congreso para “Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.”

– La Ley General de Deuda Pública establece que la deuda pública está constituida por aquellas obligaciones derivadas de financiamientos a cargo del Ejecutivo Federal y sus dependencias; del Gobierno del Distrito Federal; los organismos descentralizados; de las empresas de participación estatal mayoritaria; las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas; de los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal; y de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias.

– Con base en lo anterior, los partidos políticos no pueden adquirir este tipo de deuda en virtud de que es una actividad propia del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, la fracción XXII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no es aplicable al Partido Verde Ecologista de México.